Pero el naciente emporio, valorado en miles de millones de dólares, podría perpetuar la marginación y criminalización de campesinos -productores tradicionales- debido a una legislación que, según activistas, favorece a la gran industria.

“México se está posicionando como el mercado más grande del mundo a nivel país, más que Estados Unidos, más que Canadá (…) Hay espacio para todos”, dice Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que reúne a 25 empresas mexicanas y extranjeras.

La legalización pone a México al tope del negocio, arriba de pioneros como Uruguay y Canadá, cuyas poblaciones son una fracción de la mexicana, de 126 millones de habitantes. Resta un debate legislativo, pero se da por descontado que pasará sin mayores cambios.

Distintas proyecciones apuntan a que el mercado nacional, medicinal y recreativo, rondará los 5.000 y 6.000 millones de dólares para 2025, una porción considerable del total mundial, que alcanzaría 73.570 millones de dólares en 2027, según la consultora Grand View Research.

Se espera además recaudar entre 900 y 1.700 millones de dólares de impuestos anuales, según estimaciones del Congreso y de la oenegé Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo (CMCC).

¿Negocio oligopólico? 

La ley regula el negocio desde el cultivo hasta la comercialización de diversos productos. No solo la hoja para fumar, sino hasta infusiones o dulces podrían entrar al menú.

Permite la “integración vertical” donde los actores podrán recibir licencias para participar en todas las fases del negocio, propiciando el surgimiento de empresas con gran poder de mercado.

Aunque contempla dar prioridad a los permisos para campesinos y financiamiento, no evita que puedan ser avasallados por empresas con experiencia y mucho dinero, señalan activistas.

La norma también impone altos estándares sobre semillas, producción y hasta los espacios de comercialización, lo que podría generar un negocio oligopólico.

“El modelo mexicano tendría que sostenerse sobre un tema de Justicia social. No podemos permitir que se forme un mercado que le permita a dos o tres grandes empresas apoderarse de él”, reclama Tania Ramírez, de la oenegé México Unido Contra la Delincuencia.

Así, aunque se abre un camino hacia la formalización, hay riesgo de que los campesinos sigan atrapados en la ilegalidad, dominada por poderosos cárteles.

La industria confía en que las leyes del mercado alejarán a las mafias porque “ya no es negocio”, defiende Ponce.

Cárteles y Estado 

Los activistas discrepan.

Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA que promueve políticas públicas sobre drogas, duda que en regiones castigadas por la violencia del narco florezcan fácilmente negocios de cannabis.

“Hablas con gente y dicen ‘yo no pondría un dispensario en Guadalajara’ porque hay otros actores que tienen ese mercado”, comenta Snapp sobre la capital de Jalisco, feudo del Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos del país.

Eda Martínez, directora del CMCC, advierte además que si el camino a la legalización implica demasiados trámites serán pocos los que den el salto. Coincide con Snapp en que el Estado debería guiar e incentivar la transición a la formalidad.

En mercados desarrollados como Canadá, 40% de los consumidores aún recurren a proveedores ilegales, según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC.

Un estudio privado de 2016, presentado ante instancias estatales y académicas, calculó que el mercado negro mexicano producía entre 5.250 y 6.550 toneladas de cannabis anuales y empleaba a 17.200 personas.

En 2020 fueron decomisadas 244 toneladas.

La más reciente encuesta nacional sobre drogas (2016) arrojó que 7,3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años probaron marihuana alguna vez y 1,82 millones mostraron prevalencia de consumo.

Ponce estima que los consumidores podrían rondar los cinco millones, pero el reconocimiento de este hábito sigue siendo tabú.

La marihuana recreativa legal llegaría al público mexicano hacia la segunda mitad de 2022, pues falta definir aspectos como la carga tributaria o los productos que podrán comercializarse, según los expertos.

Aquellos con tetrahidrocannabinol (THC), elemento psicoactivo del cannabis y “oro molido” para la industria, según Ponce, están por definirse.

En cuanto al comercio exterior, aún restringido a pocos países, la ley solo permite el de materias primas o productos sin THC, como el cáñamo o aquellos con cannabidiol (CBD), usualmente de uso medicinal.

Hace falta más acción civil

Pedro Morales Cuervo, coordinador del Colegio Cannábico Mexicano, dijo que la aprobación de la ley no es un tema que le urge al Ejecutivo federal.

“Si los usuarios, las organizaciones civiles, los académicos, los empresarios, que están inmersos en la industria cannábica pueden mover sus influencias y alzar su voz para incitar el cambio, porque el gobierno no lo está planteando con urgencia”, comentó.

Agregó Morales Cuervo que los responsables de validar la ley del cannabis deben de estar informados, pues aún hay muchos juicios de valor con respecto al uso responsable.

Menos decomisos

En los últimos años, los aseguramientos de marihuana por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han ido a la baja.

El jueves pasado, el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval informó que desde el 2012, derivado de la legalización con fines recreativos del enervante, en 44 entidades de Estados Unidos y Canadá, los aseguramientos han ido a la baja.

“Lo que antes se producía aquí, que se iba hacia ambos países, pues ahora se produce en estos países y el mercado está en esos países, entonces dejó de ser un enervante donde llame la importancia (a) las organizaciones delictivas y debido a eso hay una migración (…) de esas organizaciones delictivas a la producción de drogas sintéticas”, dijo.

Según datos del Ejército para el 2017 se aseguraron 327,848 kilogramos de marihuana en México, mientras que para el 2021 fueron 66,153 kilos, es decir, una baja de 79.8 por ciento. (Con información de Redacción)